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Palacio de Justicia de la Nación El 26 de noviembre de 2021, la Sala Segunda de la Cámara Federal en lo Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició un caso de jurisdicción universal (JU) contra las autoridades de Myanmar por el genocidio Rohingya, siguiendo una denuncia presentada por la organización Burmese Rohingya Organization UK (BROUK, por sus siglas en Inglés) en noviembre de 2019. La denuncia de BROUK alegaba genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en Myanmar por la cúpula militar y civil contra los Rohingyas desde 2012, crímenes que inclyen asesinato, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y encarcelamiento. En 2017, el ejército de Myanmar lanzó una campaña genocida que obligó a más de 800,000 Rohingyas a huir, en su mayoría hacia la frontera con Bangladesh. Estas llamadas “operaciones de limpieza” se llevaron a cabo a través de asesinatos generalizados y sistemáticos, violación y violencia sexual, y otros abusos. Las personas Rohingya que continúan viviendo en el estado de Rakhine enfrentan restricciones rigurosas a su libertad de movimiento, así como dificultades para acceder a servicios básicos como la educación y la atención médica. Esta situación se ha agravado aún más después del Ciclón Mocha en mayo de 2023. Además, en febrero de 2021, el ejército desafió los resultados de las elecciones democráticas, llevó a cabo un golpe de estado y se apoderó del poder en Myanmar en una campaña marcada por más atrocidades, incluidas aquellas contra los Rohingyas. Además del caso de jurisdicción universal (JU) presentado por BROUK en Argentina, actualmente existen múltiples esfuerzos internacionales en curso dirigidos a buscar justicia y rendición de cuentas en Myanmar por los crímenes contra los Rohingya. Esto incluye un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) presentado por Gambia (puede encontrar un documento de preguntas y respuestas sobre el caso aquí), así como una investigación realizada por la Corte Penal Internacional (CPI) (puede encontrar un documento de preguntas y respuestas sobre la investigación de la CPI aquí). 1.  ¿Cuál es el principio de la justicia universal? ¿Cómo funciona en Argentina? La justicia universal es un concepto basado en el principio de que algunos crímenes son de preocupación global y son tan horribles que conciernen a la humanidad en su conjunto. Se consideran perjuicios contra la comunidad internacional; en consecuencia, todos los Estados tienen un interés en hacer responsables a los perpetradores. Todos los estados tienen permitido ejercer la jurisdicción universal sobre crímenes reconocidos por el derecho internacional. La jursdicción universal garantiza que, independientemente de dónde se hayan cometido el o los crímenes o la nacionalidad de las víctimas o sospechosos, las personas involucradas puedan ser investigadas y enjuiciadas por los crímenes atroces que han cometido, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, genocidio y desapariciones forzadas. La responsabilidad principal de investigar estos crímenes recae en el estado en cuyo territorio se cometieron los crímenes. Si esos estados no pueden o no quieren enjuiciar los crímenes, la jurisdicción universal existe como una herramienta adicional en el sistema de justicia penal internacional que permite a otros estados investigar y enjuiciar tales crímenes. La manera en que los estados aplican la jurisdicción universal puede variar. Estas maneras se han clasificado ampliamente en jurisdicción universal “pura” o jurisdicción “condicional”. Los estados que aplican jurisdicción universal condicional requieren que se establezca algún tipo de “vínculo de conexión” antes de que un tribunal nacional pueda iniciar una investigación. Por ejemplo, Alemania sigue lo que se puede clasificar como jurisdicción universal “pura”; es decir, no es necesario demostrar un vínculo entre Alemania y los graves crímenes internacionales cometidos en el extranjero antes de iniciar una investigación o enjuiciamiento. Sin embargo, los fiscales tienen la discreción de decidir si abrir o no un caso en el que no haya conexión con Alemania. Otros países requieren que se establezca algún tipo de conexión con ese país (nacionalidad de la víctima o el perpetrador, o intereses del país) antes de que se pueda iniciar una investigación. En el caso de los tribunales franceses, para ejercer la jurisdicción universal en ciertos crímenes, debe demostrarse que el acusado estaba presente en Francia; o para otros crímenes, los tribunales sólo tendrán jurisdicción si el acusado residía regularmente en Francia cuando se abrió la investigación. España también requiere actualmente algunos “vínculos de conexión”- el sospechoso debe estar presente en España y la víctima debe ser española, o debe existir algún otro vínculo relevante con España-. La ley Argentina consagra el principio de jurisdicción universal “pura”, incluido en el Artículo 118 de la  Constitución, que permite juicios por crímenes de derecho internacional público cometidos fuera de Argentina. Además, el Artículo 5 de la Ley 26, 200/06 otorga expresamente a los tribunales federales jurisdicción penal sobre los crímenes mencionados en el Estatuto de Roma de la CPI, entre otros. El caso de BROUK no es el primer caso en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal. Durante finales de los años 70 y principios de los 80, la población Argentina sufrió graves abusos contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad a manos de las fuerzas militares y de seguridad. Este período de dictadura, conocido como la ‘Guerra Sucia’, estuvo marcado por casos de tortura, asesinato y desapariciones forzadas, entre otros crímenes. Tras condenar a la junta militar en un juicio histórico, y a muchos otros responsables de cometer crímenes atroces durante este período en su propio país, Argentina sigue comprometida y ha sido reconocida internacionalmente por liderar esfuerzos de justicia y rendición de cuentas por crímenes contra la humanidad cometidos en otros lugares del mundo. En años recientes, se han llevado casos en Argentina contra individuos por crímenes cometidos en España durante el régimen de Francisco Franco y por persecución contra el movimiento Falun Gong en China. Recientemente, se presentó un caso ante un tribunal argentino relacionado con el genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos contra los Uigures en China. 2.  ¿Cómo puede un tribunal nacional en Argentina enjuiciar crímenes en Myanmar? ¿Cuál es el estado actual del caso? En noviembre de 2019, BROUK, con el apoyo de otras organizaciones de derechos humanos, incluidas las Abuelas de Plaza de Mayo y la Fundación Servicio Paz y Justicia, liderado por el destacado Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, presentaron un caso bajo la jurisdicción universal ante un tribunal penal Argentino en relación con el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los Rohingya. En diciembre de 2019, el tribunal rechazó el caso argumentando que los tribunales argentinos no eran el foro apropiado para una investigación de este tipo, considerando que la Oficina del Fiscal (OTP) de la CPI ya estaba investigando los crímenes cometidos contra los Rohingya. BROUK presentó una apelación contra esta decisión, y en agosto de 2021, la Cámara Federal en lo Criminal escuchó el testimonio de mujeres Rohingya que comparecieron de forma remota ante el tribunal para hablar sobre sus experiencias de violencia sexual y de género durante las “operaciones de limpieza” de 2017. En noviembre de 2021, el tribunal decidió iniciar una investigación penal contra los funcionarios militares y civiles de Myanmar. La investigación continúa progresando. En junio de 2023, las personas demandantes principales de BROUK, con el apoyo de Legal Action Worldwide (LAW) organizaron y facilitaron el testimonio directo de sobrevivientes que habían experimentado atrocidades, incluida la violencia sexual. Este testimonio fue histórico y estableció un precedente, ya que permitió a las víctimas del genocidio de 2017 participar directamente en un proceso judicial, además de construir la base de pruebas para los tribunales Argentinos. El tribunal también está considerando el impacto de las redes sociales en la difusión de discursos de odio contra los Rohingya que condujeron a las “operaciones de limpieza”, y ha enviado una solicitud a Facebook para que compartan sus archivos e información. 3.  ¿Qué crímenes específicos se están investigando? ¿Contra quiénes? El caso se refiere a los crímenes perpetrados contra los Rohingya por las autoridades de Myanmar en el estado de Rakhine. Específicamente, el caso solicita que los tribunales Argentinos investiguen y procesen a los altos mandos militares y civiles, así como a los perpetradores directos en Myanmar, por cometer genocidio y crímenes contra la humanidad contra las personas Rohingya en Myanmar. El General Min Aung Hlaing, Comandante en Jefe de las fuerzas armadas (o Tatmadaw), así como los ex presidentes U Htin Kyaw y U Thein Sein se encuentran entre quienes han sido mencionados en la denuncia. 4.  ¿Qué ley está aplicando el tribunal? Si bien el Tribunal deriva su autoridad para abordar el caso (jurisdicción universal) de la Constitución de Argentina (Artículo 118), aplicará el código penal de Argentina al decidir sobre la responsabilidad por los delitos cometidos (homicidio, violación, detención arbitraria, entre otros) y las respectivas penas, si las hubiera. El Tribunal también podría declarar que se cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad, aplicando las definiciones de estos delitos según el Estatuto de Roma, del cual Argentina es parte. 5.  ¿Qué sigue ahora? El caso se encuentra actualmente en la etapa de investigación y el Tribunal está llevando a cabo audiencias y recopilando pruebas, que incluyeron (como se explicó anteriormente) testimonios directos recientes de testigos sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los rohingyas en el estado de Rakhine. En esta etapa, a medida que el Tribunal continúa realizando audiencias y recopilando pruebas, podría haber también una oportunidad para que el Tribunal analice las pruebas recopiladas hasta ahora y para que los demandantes soliciten que se emita una decisión judicial sustantiva sobre los perpetradores de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra las personas Rohingya, así como una solicitud de que se emitan órdenes de detención en su contra. El Tribunal también podría decidir viajar al extranjero para recopilar pruebas sustantivas adicionales. El Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (IIMM), establecido por las Naciones Unidas (ONU) para recopilar y preservar pruebas sobre violaciones de derechos humanos en Myanmar, también está respaldando al tribunal Aargentino, incluyendo el intercambio de pruebas relevantes. El IIMM no es en sí mismo un órgano de rendición de cuentas, lo que significa que no tiene un tribunal ni un fiscal adjunto. En cambio, los expedientes de casos del IIMM están destinados a contribuir a procesamientos de individuos en procedimientos penales nacionales, regionales o internacionales. El IIMM ha compartido información y pruebas relevantes con la CPI, la CIJ y las autoridades Argentinas en los casos en curso relacionados con Myanmar, siempre y cuando las fuentes de la información hayan dado su aprobación para tal intercambio. En abril de 2022, el jefe del IIMM y miembros de su equipo visitaron Argentina para explorar oportunidades de asistencia en la investigación judicial, especialmente a través del intercambio de información relevante. El IIMM ha compartido información con el Ministerio Público Fiscal de Argentina y mantiene un diálogo constante con el mismo para determinar la manera más efectiva en que puede seguir respaldando el caso de jurisdicción universal. 6.  ¿Tienen los sobrevivientes de Myanmar algún papel en estos procedimientos? BROUK y Tun Khin (Presidente de BROUK), junto con otros representantes de la comunidad Rohingya, actúan como demandantes en el caso. En esa capacidad, tienen el derecho de solicitar al Tribunal que produzca más pruebas, así como de solicitarle que emita decisiones judiciales sustantivas, incluidas reparaciones. BROUK, como organización liderada por Rohingyas, y su equipo legal están llevando a cabo esfuerzos para asegurarse de que las víctimas sean puestas al centro del caso. Estos esfuerzos incluyen garantizar que las personas sobrevivientes puedan interactuar directamente con este Tribunal Argentino y sus procesos, con el objetivo de empoderar y darles voz, especialmente a las mujeres. Esto se refleja en el testimonio directo que testigos proporcionaron a la corte en junio de 2023 sobre violencia sexual y violencia basada en el género. La Corte brindó garantías de seguridad a los testigos, así como apoyo psicológico durante las audiencias (a través de CODESEDH, una ONG especializada), además de abordar con éxito desafíos logísticos que incluyeron la doble traducción del Rohingya al Inglés y luego del Inglés al Español. 7.  ¿Existen otros esfuerzos internacionales para buscar justicia y rendición de cuen- tas por la situación en Myanmar? Existen dos vías principales para la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra los Rohingya: (1) la responsabilidad de Myanmar como estado; y (2) la responsabilidad penal individual de aquellos que planearon, participaron o autorizaron los crímenes. Estos esfuerzos son complementarios entre sí. En lo que respecta a la responsabilidad de Myanmar como estado, la demanda de Gambia bajo la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio sigue en la CIJ. El 22 de julio de 2022, la Corte confirmó la capacidad de Gambia para presentar un caso contra Myanmar por incumplir las disposiciones de la Convención sobre el genocidio. Actualmente, se están completando los escritos de alegatos en el caso antes de que la Corte lo escuche sobre su mérito. Las posibles vías para responsabilizar a las personas incluyen los tribunales nacionales en terceros estados bajo la teoría de la jurisdicción universal, y la CPI. Debido a barreras estructurales y prácticas, los tribunales nacionales de Myanmar no son en este momento una opción para los esfuerzos de rendición de cuentas. La Fiscalía de la CPI está actualmente investigando la situación en Bangladesh/Myanmar. El 14 de noviembre de 2019, la CPI autorizó a la Fiscalía a investigar ciertos presuntos crímenes internacionales ocurridos durante una ola de violencia en el estado de Rakhine en 2016 y 2017. Si bien los actos relevantes para las deportaciones ocurrieron en el territorio de Myanmar, que no es parte del Estatuto de Roma, la Fiscalía argumentó que la CPI “puede ejercer jurisdicción” ya que “un elemento legal esencial del crimen – cruzar una frontera internacional – ocurrió en el territorio de un Estado que es parte del Estatuto de Roma (Bangladesh)”. Al conceder la  autorización, la Corte señaló que el Fiscal no está limitado “a las personas o grupos identificados en la Solicitud” ni “a los incidentes identificados en la Solicitud”. También autorizó al Fiscal a investigar crímenes cometidos “después del 1 de junio de 2010, fecha de entrada en vigor del Estatuto para Bangladesh”, así como crímenes que pudieron haber sido cometidos antes pero continuaron después de esta fecha. La investigación está en curso. También hay otros dos procesos de jurisdicción universal actualmente en curso relacionados con la situación en Myanmar. El primero es un caso presentado en marzo de 2022 por el Myanmar Accountability Project (Proyecto de Responsabilidad de Myanmar) ante la oficina del fiscal en Turquía para responsabilizar a la cúpula militar por su amplio uso de la tortura. El caso ha sido presentado en nombre de las víctimas que fueron torturadas en el centro de interrogación militar Yay Kyi Ai en el municipio de Mingaladon en Yangon. En enero de 2023, se presentó otra denuncia por Fortify Rights y 16 denunciantes de Myanmar ante el Fiscal General Federal de Alemania. La denuncia solicita al Fiscal que inicie un caso en Alemania contra altos generales militares de Myanmar y otros por crímenes atroces, incluidos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La denuncia proporciona pruebas detalladas, incluidas entrevistas a más de 1,000 sobrevivientes, y pide al Fiscal que realice una investigación sobre el genocidio Rohingya entre 2016 y 2017, así como sobre los crímenes contra otros civiles desde el golpe de febrero de 2021. Finalmente, en abril de 2023, la Corte Constitucional de Indonesia rechazó un caso para responsabilizar al ejército de Myanmar por crímenes contra las personas Rohingya. Los solicitantes habían argumentado que la limitación en la ley de jurisdicción universal de Indonesia que limitaba los casos a los perpetrados “por un ciudadano indonesio” debería declararse inconstitucional; sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó este argumento y sostuvo que al implementar los derechos humanos, cada tribunal debe priorizar los intereses nacionales según lo determine la Constitución de cada país. Por lo tanto, aunque la Constitución de Indonesia se refiere a “cada persona” al formular sus disposiciones de derechos humanos, el Tribunal sostuvo que esto no crea automáticamente una obligación en Indonesia de proteger los derechos humanos de personas que no son ciudadanos indonesios. 8.  ¿El caso en Argentina no duplica lo que están haciendo estos otros tribunales? Dado que evitar la duplicación de esfuerzos fue una de las principales preocupaciones de los tribunales argentinos antes de proceder con el caso de jurisdicción universal, el poder judicial argentino ha mantenido una comunicación diplomática con la CPI para asegurarse de que su caso de jurisdicción universal complemente, no duplique, la investigación de la CPI en Myanmar. El caso en Argentina tiene un alcance mucho más amplio, ya que abarcará una variedad de crímenes cometidos contra la población Rohingya en Myanmar. Esto contrasta con los esfuerzos emprendidos en la CPI, que se limitan a crímenes que han sido cometidos al menos parcialmente en territorio Bangladesí. Sin una remisión del Consejo de Seguridad, la CPI no puede investigar muchos de los crímenes cometidos por el ejército de Myanmar en el estado de Rakhine, que incluyen asesinato, desapariciones forzadas y violencia sexual, así como genocidio. El caso ante los tribunales argentinos tampoco se superpone con el caso presentado por Gambia ante la CIJ. El caso ante la CIJ trata sobre la responsabilidad estatal, mientras que el tribunal argentino investigará la responsabilidad penal individual de altos mandos militares y civiles, así como de perpetradores directos. Finalmente, por el momento la investigación en Argentina difiere de otros casos recientes de jurisdicción universal en términos de la identidad de las víctimas, así como de la cronología, ubicación y alcance de los crímenes. Además, al ser el primer caso de jurisdicción universal en Myanmar, el caso en Argentina se encuentra en una etapa más avanzada, la de investigación, en comparación con los otros casos. La comunicación regular entre las partes involucradas en estos casos puede contribuir a asegurar que estos y cualquier caso futuro sean complementarios

Palacio de Justicia de la Nación Argentina Court Considers International Crimes Against Rohingya On 26 November, 2021, the Second Chamber of the Federal Criminal Court in Buenos Aires launched a universal jurisdiction (UJ) case against Myanmar authorities for the Rohingya genocide, following a complaint filed by Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) in November 2019. BROUK’s complaint alleged genocide and crimes against humanity committed in Myanmar by the military and civilian leadership against the Rohingya since 2012, including murder, enforced disappearance, torture, sexual violence, and imprisonment. In 2017 the Myanmar military launched a genocidal campaign which forced over 800,000 Rohingyas to flee, largely over the border to Bangladesh. These so-called “clearance operations” were conducted through widespread and systematic murder, rape and sexual violence, and other abuses. Rohingya who continue to live in Rakhine State face stringent restrictions on their freedom of movement as well as on accessing basic services including education and healthcare, a situation that has only been exacerbated in the wake of Cyclone Mocha in May 2023. Additionally, in February 2021 the military defied the results of democratic elections, staged a coup, and seized power in Myanmar in a campaign marked by further atrocities, including against the Rohingya. In addition to BROUK’s UJ case in Argentina, there are currently multiple ongoing international efforts aimed at justice and accountability in Myanmar for crimes against the Rohingya, including a genocide case before the International Court of Justice (ICJ) brought by The Gambia (a Q&A about the case can be found here), as well an investigation by the the International Criminal Court (ICC) (a Q&A about the ICC investigation can be found here). 1.  What is the principle of UJ? How does it work in Argentina? Universal jurisdiction is a concept based on the principle that some crimes are of global concern and are so horrific that they concern humanity as a whole. They are seen as harms against the international community; accordingly, all States have an interest in holding perpetrators to account. All states are permitted to exercise universal jurisdiction over crimes under international law. Universal jurisdiction ensures that regardless of where the crime(s) has been committed or the nationality of the victims or suspect(s), concerned individuals can be investigated and prosecuted for the heinous crimes they have committed, including war crimes, crimes against humanity, torture, genocide, and enforced disappearances. The primary responsibility to investigate such crimes lies with the state on whose territory the crimes were committed. If those states are unable or unwilling to prosecute those crimes, universal jurisdiction exists as an additional tool in the international criminal justice system that allows other states to investigate and prosecute such crimes. The manner in which states apply universal jurisdiction may vary. These have broadly been classified into ‘pure’ universal jurisdiction or ‘conditional’ jurisdiction. Conditional universal jurisdiction states require some kind of ‘connecting link’ to be established before a national court can begin investigation. For instance, Germany follows what may be classified as ‘pure’ universal jurisdiction; that is, there is no need to show a connection between Germany and grave international crimes committed abroad before initiating an investigation or prosecution. However, prosecutors have the discretion to decide whether to open a case where there is no connection to Germany. Other countries require some connection to be established with that country (the victim’s or perpetrator’s nationality or the country’s interests) before an investigation can be initiated. For French courts to exercise universal jurisdiction for certain crimes, it must be shown that the accused was present in France; or for other crimes, courts will only have jurisdiction if the accused regularly resided in France when the investigation was opened. Spain also now requires some ‘connecting links’ — the suspect must be present in Spain and the victim must be Spanish, or there be some other relevant link to Spain. Argentinian law enshrines the principle of ‘pure’ universal jurisdiction, including in Article 118 of the Constitution which permits trials for crimes against public international law committed outside Argentina. Further, Article 5 of Law 26, 200/06 explicitly grants federal courts criminal jurisdiction over crimes mentioned in the Rome Statute of the ICC, among others. BROUK’s case is not the first case in Argentina under the principle of universal jurisdiction. Through the late 1970s and early 80s, the Argentinian population suffered grave human rights abuses and crimes against humanity at the hands of the military and security forces. This period of dictatorship that came to be known as the ‘Dirty War’ was marred by instances of torture, murder, and forced disappearances, among other crimes. Having convicted the military junta in a historic trial, and many others who were responsible for committing heinous crimes during this period in their own country, Argentina continues to be committed and has been recognized internationally for leading justice and accountability efforts for crimes against humanity committed elsewhere in the world. In recent years cases have been tried in Argentina against individuals for crimes committed in Spain during the rule of Francisco Franco, and for persecution against the Falun Gong movement in China. Recently a case was filed before an Argentinian court related to the genocide and crimes against humanity committed against Uyghurs in China. 2.  How is a domestic court in Argentina able to prosecute crimes in Myanmar? What is the current status of the case? In November 2019, BROUK, with the support of other human rights organizations including Grandmothers of the Plaza de Mayo and the Fundación Servicio Paz y Justicia, led by prominent Peace Nobel Prize Adolfo Perez Esquivel, filed a case under universal jurisdiction before an Argentinian criminal court concerning genocide and crimes against humanity committed against the Rohingya. In December 2019, the court rejected the case holding that Argentinian courts were not the appropriate forum for such an investigation considering that the Office of the Prosecutor (OTP) of the ICC was already looking into crimes committed against the Rohingya. BROUK filed an appeal against this decision, and in August 2021, the Federal Appeals Court heard the testimony of Rohingya women who appeared remotely before the court to speak about their experiences of sexual and gender-based violence during the “clearance operations” of 2017. In November 2021 the Court decided to launch a criminal investigation against Myanmar military and civilian officials. The investigation continues to steadily progress. In June 2023, lead plaintiffs BROUK with the contribution of Legal Action Worldwide (LAW), organized and facilitated the direct testimony of survivors who had experienced atrocities, including sexual violence. This testimony was historic and precedent-setting, not least because it allowed victims of the 2017 genocide to directly participate in a court process, but also by building the evidence base for Argentinian courts. The Court is also considering the impact of social media in disseminating hate speech against Rohingya that led to the clearance operations, and has sent a request to Facebook to share their files and information. 3.  What specific crimes are being investigated? Against whom? The case relates to crimes perpetrated against the Rohingya by Myanmar authorities in Rakhine State. Specifically, the case calls for Argentinian courts to investigate and prosecute the senior military and civilian leadership, as well as direct perpetrators in Myanmar, for committing genocide and crimes against humanity against the Rohingya in Myanmar. Senior General Min Aung Hlaing, the Tatmadaw Commander-in-Chief, as well as former presidents U Htin Kyaw and U Thein Sein are among those who have been named in the complaint. 4.  What law is the court applying? While the Court derives its authority to deal with the case (universal jurisdiction) from the Constitution of Argentina (Article 118), it will be applying the criminal code of Argentina while deciding on the responsibility for crimes committed (homicide, rape, arbitrary detention, among others) and the subsequent punishments, if any. The Court may also declare that genocide and crimes against humanity were committed, applying the definitions of crimes under the Rome Statute, to which Argentina is a party. 5.  What comes next? The case is currently in the investigatory stage and the Court is in the process of holding hearings and collecting evidence, which included (as explained above) recent direct testimony of witnesses regarding genocide and crimes against humanity committed against the Rohingya in Rakhine State. At this stage as the Court continues to hold hearings and collect evidence, there may also be an opportunity for the Court to analyze the evidence collected thus far, and for the plaintiffs to request that it deliver a substantive judicial decision regarding the perpetrators of genocide and crimes against humanity against the Rohingya, as well as a request that warrants be issued against them. The Court may also decide to travel overseas to further gather substantive evidence. The Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM), established by the United Nations (UN) to gather and preserve evidence on human rights violations in Myanmar, is also supporting the Argentinian court including by sharing relevant evidence. The IIMM is not an accountability body in its own right — meaning there is no court or prosecutor attached to it. Rather, the IIMM’s case files are intended to contribute to prosecutions of individuals in national, regional, or international criminal proceedings. The IIMM has shared relevant information and evidence with the ICC, ICJ, and Argentinian authorities in the ongoing cases related to Myanmar, provided that the sources of the information have given their approval to such sharing. In April 2022, the head of the IIMM and members of his team visited Argentina to explore opportunities for assisting the judicial investigation, especially through sharing of relevant information. The IIMM has shared information with the Federal Prosecutor’s Office in Argentina and maintains regular dialogue with the Office to determine the most effective way in which it can continue supporting the universal jurisdiction case. 6.  Do survivors from Myanmar have any role in these proceedings? BROUK and Tun Khin (BROUK’s President), along with others who represent the Rohingya community, serve as plaintiffs in the case. In that capacity they have the right to request the Court to produce more evidence before it, as well as to request the Court to pronounce substantive judicial decisions, including reparations. BROUK, as a Rohingya-led organization, and their legal team are undertaking efforts to ensure that victims are centered in the case. These efforts include ensuring that survivors are able to engage directly with the Argentinian court and its processes, with the view of empowering and giving voice to them, especially women. This is reflected in the direct testimony that witnesses provided to the court in June 2023 regarding sexual and gender-based violence. The Court provided security guarantees to witnesses as well as psychological support during the hearings (through CODESEDH, a specialized NGO), in addition to successfully addressing logistical challenges that included double translation from Rohingya to English, and then from English to Spanish. 7.  Are there any other international efforts to pursue justice and accountability for the situation in Myanmar? There are two major pathways to justice and accountability for the crimes committed against the Rohingya: (1) Myanmar’s responsibility as a state; and (2) individual criminal responsibility of those who planned, participated in, or sanctioned crimes. These efforts are complementary to each other. Concerning Myanmar’s responsibility as a state, The Gambia’s lawsuit under the Genocide Convention continues at the ICJ. On July 22, 2022, the Court upheld The Gambia’s standing to bring a case against Myanmar for breaching provisions of the Genocide Convention. Currently, written pleadings are being completed in the case before the court hears it on merits. Potential venues for holding individuals to account include domestic courts in third party states under the theory of universal jurisdiction, and the ICC. Due to structural and practical barriers, the domestic courts of Myanmar are not at present an option for accountability efforts. The ICC OTP is currently investigating the situation in Bangladesh/Myanmar. On November 14, 2019, the ICC authorized the OTP to investigate certain alleged international crimes occurring during a wave of violence in Rakhine State in 2016 and 2017. While the acts relevant to the deportations occurred on the territory of Myanmar, which is not a party to the Rome Statute, the OTP argued that the ICC “may nonetheless exercise jurisdiction” since “an essential legal element of the crime — crossing an international border — occurred on the territory of a State which is a party to the Rome Statute (Bangladesh).” While granting authorization, the Court noted that the Prosecutor is not restricted “to the persons or groups identified in the Request” or “to the incidents identified in the Request.” It also authorized the Prosecutor to investigate crimes committed “after 1 June 2010, the date of entry into force of the Statute for Bangladesh” and also crimes that may have been committed before but continued after this date. The investigation is currently ongoing. There are also two other universal jurisdiction processes currently ongoing concerning the situation in Myanmar. The first is a case filed in March 2022 by the Myanmar Accountability Project with the prosecutor’s office in Turkey to hold the military leadership accountable for their widespread use of torture. The case has been filed on behalf of victims who were tortured in the Yay Kyi Ai military interrogation center in Yangon’s Mingaladon Township. In January 2023, another complaint was filed by Fortify Rights and 16 complainants from Myanmar before the Federal Public Prosecutor General of Germany. The complaint calls for the Prosecutor to initiate a case in Germany against senior Myanmar military generals and others for atrocity crimes including for genocide, war crimes, and crimes against humanity. The complaint provides detailed evidence including interviews of more than 1,000 survivors and calls for the Prosecutor to conduct an investigation into the Rohingya genocide between 2016 and 2017, as well as into crimes against other civilians since the coup of February 2021. Finally, in April 2023 the Indonesian Constitutional Court rejected a case to hold the Myanmar military accountable for crimes against the Rohingya. Petitioners had argued that the limitation in Indonesia’s universal jurisdiction law that limited cases to those perpetrated “by an Indonesian citizen” be declared unconstitutional; however, the Constitutional Court rejected this argument and held that in implementing human rights, every court must prioritize national interests as determined by each country’s constitution. Hence, even though the Indonesian Constitution refers to “every person” while formulating its human rights provisions, the Court held that this does not automatically create an obligation on Indonesia to protect the human rights of individuals who are not Indonesian citizens. 8.  Does the Argentina case not duplicate what these other courts are doing? Since avoiding duplication of efforts was one of the main concerns of the Argentinian courts before proceeding with the universal jurisdiction case, the Argentinian judiciary has maintained diplomatic communication with the ICC to ensure that its universal jurisdiction case would complement, not duplicate, the ICC investigation in Myanmar. The case in Argentina is much wider in its scope, since it will cover a range of crimes against the Rohingya in Myanmar. This is in contrast to the efforts undertaken at the ICC, which are limited to crimes which have been committed at least partially in Bangladeshi territory. Absent a Security Council referral, the ICC is unable to investigate many crimes committed by the Myanmar military in Rakhine State, which include murder, enforced disappearances, and sexual violence, as well as genocide. The case before the Argentinian courts also does not overlap with the case filed by The Gambia before the ICJ. The ICJ case deals with state responsibility, while the Argentinian court will be investigating individual criminal responsibility of senior military and civilian leadership and direct perpetrators. Finally, at present the investigation in Argentina differs from other recent UJ cases in terms of the victims’ identity, as well as timing, location, and scope of crimes. In addition, as the first Myanmar UJ case, the Argentina case is at a more advanced stage — investigation — than the others. Regular communication among stakeholders bringing these cases can help to ensure that these and any future cases are complementary.

Introduction Since the United States (US) was last reviewed by the Human Rights Committee (HRC) nearly a decade ago in 2014, there have been significant developments in the area of sexual and reproductive health and rights (SRHR) for women, girls, and people who can become pregnant living in the US, including the Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization decision in June 2022. This decision overturned the constitutional right to abortion in the US after 50 years of precedent following the US Supreme Court’s decision in Roe v. Wade in 1973. Human rights experts warned before the Dobbs decision that overturning Roe would violate the rights of women, girls, and all people who can become pregnant in the US, as well as healthcare providers’ rights. Following the decision, the experts noted that whereas the restrictive new legal environment would not reduce the need for abortions, it would be guaranteed to increase the number of women and girls seeking clandestine and unsafe abortions, particularly for people of color and those living in poverty, and would fuel abortion stigma, leading to abuse of people in need of post-abortion care. They added: The decision to continue a pregnancy or terminate it must fundamentally and primarily be a woman’s decision as it will shape her whole future personal life and family life. The right of a woman to make autonomous decisions about her own body and reproductive functions is at the very core of her fundamental right to equality, non-discrimination, health, and privacy. As our submission details below, the restrictive environment around abortion in the US now also violates the rights to life and to be free of torture or other cruel, inhuman, or degrading treatment (CIDT), as well as rights to free expression and movement, as guaranteed under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Estados discutiendo el proyecto de tratado sobre crímenes de lesa humanidad en la sesión de seguimiento de la Sexta Comisión en abril de 2023 Un Nuevo Tratado Internacional Sobre Crímenes De Lesa Humanidad Un nuevo tratado sobre crímenes de lesa humanidad se está considerando en la Organización de las  Naciones Unidas (ONU). El tratado propuesto tiene un potencial significativo para promover la justicia en casos de crímenes basados en el género. Sin embargo, para lograr un tratado fuerte, que sea justo en términos de género y centrado en las personas sobrevivientes, diversas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo deben participar en el proceso para desarrollarlo. Si bien el genocidio y los crímenes de guerra están codificados en convenciones independientes, no existe un tratado internacional individual análogo que codifique y establezca obligaciones a los estados para prevenir y castigar los crímenes de lesa humanidad. Para abordar esta brecha, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la ONU preparó el Proyecto de Artículos sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad, que proporciona un punto de partida para la discusión y negociación de un nuevo tratado internacional sobre crímenes de lesa humanidad.  ¿Dónde Se Encuentra El Tratado Ahora? Actualmente, el proyecto de tratado se está considerando en la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es su comisión legal. En abril de 2023, los Estados convocaron a una sesión especial de seguimiento de la Sexta Comisión, que duró una semana y estuvo dedicada exclusivamente al intercambio de opiniones sobre el contenido del proyecto de tratado. Una segunda sesión similar de la Sexta Comisión para discutir el proyecto de tratado tendrá lugar en abril de 2024, y los Estados tomarán una decisión formal sobre los próximos pasos en octubre de 2024.

States discussing the draft crimes against humanity treaty at the Sixth Committee resumed session in April 2023 A New International Treaty on Crimes Against Humanity A new treaty on crimes against humanity (CAH) is being considered at the United Nations (UN). The proposed treaty has significant potential to advance justice for gender-based crimes. But in order to achieve a strong gender-just and survivor-centered treaty, diverse civil society organizations around the world must engage in the treaty development process. While genocide and war crimes are codified in standalone conventions, there is no analogous individual international treaty that codifies and establishes duties on states to prevent and punish crimes against humanity. To address this gap, the UN’s International Law Commission (ILC) prepared the Draft Articles on the Prevention and Punishment of Crimes against Humanity, which provide a starting point for the discussion and negotiation of a new international treaty on crimes against humanity. Where is the Treaty Now? The draft treaty is currently being considered by the UN General Assembly’s (UNGA) Sixth Committee, its legal committee. In April 2023, states convened a week-long special resumed session of the Sixth Committee dedicated solely to exchanging views on the substance of the draft treaty. A second, similar Sixth Committee session to discuss the draft treaty will take place in April 2024, and states will make a formal decision on next steps in October 2024.

The International Law Commission in 2012 | UN photo / Anne-Laure Lechat Se han cometido y enjuiciado crímenes de lesa humanidad en muchas partes del mundo, incluyendo en Camboya, Ruanda, Colombia, Yugoslavia y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hasta el día de hoy, aún no existe un tratado internacional independiente que codifique los crímenes de lesa humanidad y establezca deberes de prevenirlos y castigarlos. En un marcado contraste, desde la década de 1940 han existido tratados para prevenir y castigar el genocidio y los crímenes de guerra. Esta brecha legal fomenta la impunidad para crímenes graves y crea una falsa jerarquía entre atrocidades igualmente graves. Un nuevo tratado, basado en el Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de lesa Humanidad, ofrece la oportunidad de llenar esta brecha. El tratado ofrecería beneficios tangibles para víctimas y sobrevivientes. Combatiría la percepción de que las víctimas de ciertos crímenes merecen más la justicia que otras. Además, el Tratado impondría obligaciones a los Estados para que, en primer lugar, prevengan los crímenes contra la humanidad, y permitiría que los Estados tengan responsabilidad ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si no cumplen con sus responsabilidades de prevención. 1. ¿Qué son los crímenes contra la humanidad? ¿En qué se diferencian de los crímenes de guerra y el genocidio? Los crímenes contra la humanidad (CAH) se encuentran entre las violaciones más graves a los derechos humanos. Están definidos en el derecho internacional existente como uno o más actos específicos cometidos bajo ciertas condiciones. Los crímenes contra la humanidad incluyen: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación ilegal u otra privación grave de libertad física; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución; desaparición forzada de personas; el crimen de apartheid; y otros actos inhumanos. Para que cualquiera de los actos mencionados anteriormente constituya crímenes contra la humanidad, deben ser cometidos contra una población civil (en contraposición a soldados u otras poblaciones no civiles), y deben formar parte de un ataque generalizado o sistemático (no violaciones individuales). En otras palabras, los crímenes contra la humanidad se distinguen de los delitos “ordinarios” por la extensión o sistematicidad de las violaciones, y por quiénes son los objetivos de los ataques (las personas civiles). Los crímenes contra la humanidad están relacionados con los crímenes de guerra y el genocidio  – cada categoría de crimen se considera un crimen internacional “fundamental”, pero existen diferencias importantes entre ellos. Los crímenes de guerra, por definición, sólo pueden cometerse en el contexto de un conflicto armado. Involucran graves violaciones de las leyes de la guerra, cometidas contra personas o entidades protegidas por esas leyes (como civiles y sus propiedades) y/o el uso de métodos o medios de guerra prohibidos. Los actos que pueden constituir crímenes de guerra van desde el asesinato intencional hasta el saqueo, la violencia sexual y la declaración de que “no se dará cuartel” en una operación militar. Es posible que un mismo acto constituya tanto un crimen contra la humanidad como un crimen de guerra, o que sea solo uno de ellos. El genocidio se diferencia de ambas categorías de crímenes porque está motivado por una intención específica de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, racial, étnico o religioso. Algunos de los actos involucrados en el genocidio (como el asesinato o la violencia sexual) pueden también  constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero para que estos actos sean considerados genocidio, deben ser cometidos con la intención de destruir. Aunque estas tres categorías de crímenes son diferentes, no existe una jerarquía entre ellas. Las distinciones entre estos crímenes reflejan categorías legales diseñadas para describir con exactitud la naturaleza de los crímenes y capturar los motivos y métodos distintivos de los perpetradores. 2. ¿Por qué necesitamos un tratado sobre crímenes de lesa humanidad? Aunque los crímenes contra la humanidad están definidos en varios tratados, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y están prohibidos bajo el derecho internacional consuetudinario, no existe un tratado específico que indique las responsabilidades de los Estados para prevenir o castigar estos crímenes. Esta brecha distingue los crímenes de lesa humanidad de los crímenes de guerra y el genocidio, y cada uno de los cuales tiene sus propios tratados específicos (las Convenciones de Ginebra y la Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio, respectivamente). Las Convenciones de Ginebra y la Convención sobre el Genocidio proporcionan definiciones unificadas de crímenes de guerra y genocidio. También indican las responsabilidades de los Estados y aclaran quiénes pueden ser acusados de estos crímenes. Por ejemplo, bajo ambos tratados, los Estados tienen la obligación de actuar para prevenir tanto el genocidio como los crímenes de guerra donde sea que ocurran. Los actos de genocidio y crímenes de guerra también deben ser penalizados en la legislación nacional. Un tratado sobre crímenes de lesa humanidad podría, de manera similar, aclarar las obligaciones de los Estados para prevenir y castigar estos crímenes. También podría requerir que los Estados adopten legislación nacional para prohibir los crímenes de lesa humanidad en sus códigos penales nacionales, que cooperen con otros Estados para extraditar o enjuiciar a los perpetradores a nivel nacional, que brinden protecciones para víctimas y testigos, que garanticen un trato justo para los acusados y que se proporcionen asistencia jurídica mutua. Aunque codificar estos crímenes no impide que ocurran, reglas legales claras a nivel internacional y nacional son un primer paso importante para responsabilizar a los perpetradores; lo que a su vez indica a todos los potenciales perpetradores que enfrentarán la justicia si cometen estos crímenes. De esta manera, un tratado sobre crímenes de lesa humanidad puede ayudar a reducir el número de personas que sufren estos crímenes en primer lugar. Un tratado también podría codificar los derechos de las víctimas y requerir a los Estados que las involucren para lograr la justicia. Finalmente, la negociación de un nuevo tratado es una oportunidad para incorporar los avances en el derecho internacional, incluido cómo se aborda la violencia sexual y de género, que se han logrado en las décadas desde que se redactó el Estatuto de Roma. 3. ¿Qué es el tratado preliminar sobre crímenes de lesa humanidad y cómo llegó a existir? La Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas preparó el Proyecto de Artículos sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad para ofrecer un punto de partida para la discusión y negociación de un tratado internacional sobre el tema. El proyecto de artículos  incluye disposiciones: definiendo los crímenes de lesa humanidad, incluidos los crímenes de violencia sexual y violencia basada en género; expresando las obligaciones estatales para prevenir, penalizar, investigar y castigar estos crímenes; delineando los derechos de las víctimas y testigos, incluidas las compensaciones y reparaciones; abordando la cooperación entre los Estados, incluidas las obligaciones de extraditar o enjuiciar, y la asistencia legal mutua. El borrador final de la CDI es el resultado de seis años de trabajo, que incluyeron una amplia consulta y retroalimentación de Estados, expertos y la sociedad civil. En 2019, la CDI completó sus consultas y estudio sobre el tema recomendando un texto: el Proyecto de Artículos sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad. La CDI recomendó a la comunidad internacional que el proyecto de artículos sirva como base para un tratado que sea adoptado por los Estados, ya sea a través del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas o de un proceso independiente de negociación de tratados. 4. ¿Qué hay de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia? La CPI desempeña un papel vital en la impartición de justicia por crímenes de lesa humanidad y otros crímenes atroces. En la actualidad, la CPI es el único mecanismo permanente para determinar la responsabilidad penal individual a nivel internacional, y es el único tribunal permanente capaz de abordar crímenes contra la humanidad nuevos o en curso. Sin embargo, la CPI también tiene limitaciones sustanciales -procedimentales y prácticas- que pueden restringir la justicia y la determinación de responsabilidad por crímenes de lesa  humanidad. Nunca fue la intención que la  CPI fuera el único organismo responsable de buscar remedios judiciales para atrocidades masivas, ni tiene la capacidad para investigar cada situación o llevar a juicio a cada perpetrador. El proyecto de artículos complementa a la CPI al fortalecer y empoderar a las jurisdicciones nacionales para enjuiciar los crímenes de lesa humanidad. Dado que la CPI sólo puede actuar cuando un Estado no está dispuesto o es incapaz de enjuiciar, el fortalecimiento de la capacidad de la jurisdicción nacional para actuar es un complemento importante al trabajo de la CPI. También es importante señalar que la CPI sólo puede abordar un lado del panorama de la responsabilidad, la responsabilidad penal individual; dejando de lado la responsabilidad estatal por crímenes de lesa humanidad. El proyecto de artículos tiene esto en cuenta al detallar explícitamente no sólo las obligaciones individuales de los Estados para prevenir y castigar los crímenes de lesa humanidad, sino también proporcionando un mecanismo de resolución de disputas entre Estados ante la CIJ. Sin un tratado, los Estados no tienen recurso ante la CIJ para los crímenes de lesa humanidad. 5. ¿Cuál es el estado del proyecto de tratado? ¿Es este el texto final del tratado? Los Estados aún deben negociar el contenido del proyecto de artículos. Después de que la CDI adoptara el proyecto de artículos en 2019, la Asamblea General tomó nota de ellos y los remitió a la Sexta Comisión, el órgano de la Asamblea General donde se examinan las cuestiones jurídicas. Durante tres años, la Sexta Comisión tuvo el proyecto de la CDI “bajo consideración”. En noviembre de 2022, la Sexta Comisión finalmente aprobó una resolución para comenzar la deliberación sobre el contenido del texto, con miras a discutir la recomendación de la CDI de que se negociara un tratado sobre la base del proyecto de artículos. La resolución estableció un plazo de dos años para que los Estados “intercambiaran puntos de vista sustantivos” sobre “todos los aspectos del proyecto de artículos”, en dos sesiones de seguimiento. La Sexta Comisión se reunió para la primera “sesión de seguimiento” del 10 al 14 de abril de 2023, y se reunirá para la segunda sesión de seguimiento del 1 al 5 y el 11 de abril de 2024. Como se especifica en el programa de trabajo, las reuniones plenarias se transmiten en vivo y son abiertas al público, y los Estados consideran el proyecto de artículos en grupos temáticos. Al finalizar la primera sesión de seguimiento, los Co-Facilitadores de la Oficina de la Sexta Comisión  presentaron un informe oral resumiendo la sesión. Los Estados tendrán la oportunidad de presentar comentarios por escrito sobre el proyecto de artículos antes del 1 de diciembre de 2023, lo que ayudará a informar la estructura y el contenido de la sesión de seguimiento de abril de 2024. La Sexta Comisión también llevará a cabo un debate general sobre el proyecto de artículos, como es su práctica habitual, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en otoño de 2023 y 2024, con miras a una posible acción para avanzar con el proyecto de artículos en 2024. 6. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Como se detalló anteriormente, comenzando desde noviembre de 2022 cuando la Sexta Comisión aprobó la resolución para iniciar la deliberación sobre el contenido del texto, y concluyendo en otoño de 2024 cuando la Sexta Comisión se reúna durante la 78ª sesión de la Asamblea General para decidir  sobre los próximos pasos del proyecto de artículos, la fase actual del proceso tomará en total casi dos años. Se espera que en otoño de 2024, la Sexta Comisión siga la recomendación de la CDI de “elaborar… una convención por la Asamblea General o por una conferencia internacional de plenipotenciarios sobre la base del proyecto de artículos”. En la sesión de seguimiento de abril de 2023, la Secretaría de la ONU ofreció una presentación sobre esta recomendación. 7. ¿Cómo puede la sociedad civil participar en el proceso? A medida que la Sexta Comisión considera el contenido del tratado, este es un momento importante para que la sociedad civil se involucre. La sociedad civil puede alentar y apoyar a los Estados para que participen de manera significativa en las sesiones de seguimiento y demuestren su compromiso con el avance del proyecto de artículos, y puede proporcionar sugerencias y opciones a los Estados para fortalecer el proyecto de la CDI. Dado que el tratado final será el resultado de negociaciones entre Estados, es importante que los Estados escuchen a la sociedad civil tanto en lo que debe protegerse en el texto actual del proyecto, como en lo que se puede mejorar. Estas consideraciones pueden reflejar una variedad de perspectivas y conocimientos, incluida la forma de garantizar que el tratado sea competente en cuestiones de género, centrado en las sobrevivientes y tenga en cuenta la interseccionalidad. Estos aportes ya han contribuido a dar forma al proyecto de artículos. Por ejemplo, la participación de la sociedad civil durante el proceso de la CDI fue fundamental para eliminar del texto una definición regresiva de género que se heredó del Estatuto de Roma. Otras propuestas de la sociedad civil para fortalecer el proyecto incluyen reforzar los derechos de las víctimas y ajustar las definiciones de crímenes como el embarazo forzado, la persecución y las desapariciones forzadas.

On Friday, April 7, 2023, Texas-based U.S. District Court Judge Matthew Kacsmaryk delivered his decision in Alliance for Hippocratic Medicine et al v. U.S. Food and Drug Administration et al, ruling that mifepristone should be pulled from the market. On Wednesday, April 12, 2023, a three-judge panel for the Fifth Circuit Court of Appeals partly overruled Kacsmaryk’s decision, stating that the FDA’s approval of mifepristone remains valid while also ruling to reinstate medically unnecessary restrictions to accessing the medication.  This decision could result in a devastating, nationwide ban on mifepristone — even in states where abortion is legally protected — and compromise access to medication abortion across the country. USOW and our partners across the country are mobilizing behind a united message to our judiciary: reverse this harmful decision, respect science, and uphold the law. Read the full brief

The International Law Commission in 2012 | UN photo / Anne-Laure Lechat Crimes against humanity have been committed and prosecuted all over the world, including in Cambodia, Rwanda, Colombia, Yugoslavia, and in the context of World War II. Yet to this day, there is no standalone international treaty that codifies crimes against humanity and establishes duties to prevent and punish them. In stark contrast, treaties have existed to prevent and punish genocide and war crimes since the 1940s. This legal gap fosters impunity for serious crimes and creates a false hierarchy between equally egregious atrocities. A new treaty, based on the International Law Commission’s Draft Articles on the Prevention and Punishment of Crimes against Humanity offers an opportunity to fill this gap.  The treaty would deliver tangible benefits for victims and survivors. It would combat the perception that victims of some crimes are more deserving of justice than others. The treaty would also place obligations on states to prevent crimes against humanity in the first place, and allow for states to be held accountable at the International Court of Justice (ICJ) if they failed to uphold their prevention responsibilities. 1. What are crimes against humanity? How are they different from war crimes and genocide? Crimes against humanity (CAH) are amongst the most serious violations of human rights. They are defined in existing international law as one or more specific acts committed under certain conditions. Crimes against humanity include:  murder; extermination; enslavement; deportation or forcible transfer of population; illegal imprisonment or other severe deprivation of physical liberty; torture; rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; persecution; enforced disappearance; the crime of apartheid; and other inhumane acts. In order for any of the above acts to constitute crimes against humanity, they must be committed against a civilian population (as opposed to soldiers or other non-civilian populations), and they must be part of a widespread or systematic attack (not singular violations).  In other words, crimes against humanity are distinguished from “ordinary” crimes by how widespread or systematic the violations are, and by who is targeted (civilians). Crimes against humanity are related to war crimes and genocide — each category of crime is considered a “core” international crime, but there are important differences among them.  War crimes, by definition, can only be committed in the context of an armed conflict. They involve grave breaches of the laws of war, committed against people or entities who are protected under those laws (such as civilians and their property) and/or the use of prohibited methods or means of warfare. The acts that can constitute war crimes range from willful killing to pillaging, sexual violence, and declaring that there will be “no mercy” in a military operation. It is possible for the same act to constitute both a crime against humanity and a war crime, or to be only one or the other. Genocide differs from both of these categories of crimes because it is motivated by a specific intent to destroy, in whole or in part, a national, racial, ethnical, or religious group. Some of the acts involved in genocide (such as killing or sexual violence) can also constitute war crimes and crimes against humanity, but for these acts to constitute genocide, they must be committed with the intent to destroy.  Although these three categories of crimes are different, there is no hierarchy among them. The distinctions between these crimes reflect legal categories designed to accurately describe the nature of the crimes and to capture the distinct motives and methods of perpetrators. 2. Why do we need a crimes against humanity treaty? Although crimes against humanity are defined under various treaties including the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) and prohibited under customary international law, there is no specific treaty indicating states’ responsibilities to prevent or punish these crimes. This gap distinguishes crimes against humanity from war crimes and genocide, each of which have their own dedicated treaties (the Geneva Conventions and the Genocide Convention, respectively). The Geneva Conventions and the Genocide Convention provide unified definitions of war crimes and genocide. They also indicate the responsibilities of states and clarify who can be charged with these crimes. For example, under both treaties, states have obligations to act to prevent both genocide and war crimes wherever they occur. Acts of genocide and war crimes must also be criminalized in domestic law. A treaty on crimes against humanity could similarly clarify states’ obligations to prevent and punish these crimes. It could also require states to adopt national legislation to outlaw crimes against humanity in their domestic criminal codes, cooperate with other states to extradite or domestically prosecute perpetrators, furnish protections for victims and witnesses, guarantee fair treatment of the accused, and provide mutual legal assistance. Although codifying these crimes does not stop them from occurring, clear international and domestic legal rules are an important first step to holding perpetrators accountable, which in turn signals to all potential perpetrators that they will face justice if they commit these crimes. In this way, a crimes against humanity treaty can help reduce the number of people who suffer from these crimes in the first place. A treaty could also codify the rights of victims and require states to engage with them to achieve justice. Finally, the negotiation of a new treaty is an opportunity to incorporate progress in international law, including on addressing sexual and gender-based violence, that has been made in the decades since the Rome Statute was written. 3. What is the draft crimes against humanity treaty and how did it come to be? The United Nations’ (UN) International Law Commission (ILC) prepared the Draft Articles on the Prevention and Punishment of Crimes against Humanity to provide a starting point for the discussion and negotiation of an international treaty on the subject. The Draft Articles include provisions: defining crimes against humanity, including crimes of sexual and gender-based violence; articulating state obligations to prevent, criminalize, investigate, and punish these crimes; outlining the rights of victims and witnesses, including to redress and reparations; and addressing cooperation between states, including obligations to extradite or prosecute, and mutual legal assistance. The ILC’s final draft is the result of six years of work, including extensive consultation with, and feedback from, states, experts, and civil society. In 2019, the ILC completed their consultations and study of the issue by recommending a text: the Draft Articles on the Prevention and Punishment of Crimes against Humanity. The ILC recommended to the international community that the Draft Articles form the basis of a treaty to be adopted by states, either through the framework of the UN General Assembly (UNGA) or an independent treaty negotiation process.. 4. What about the International Criminal Court and International Court of Justice? The ICC plays a vital role in delivering justice for crimes against humanity and other atrocity crimes. At present, the ICC is the only permanent mechanism for individual criminal accountability at the international level, and is the only standing court equipped to address new or ongoing crimes against humanity. However, the ICC also has substantive, procedural, and practical limitations, which can constrain justice and accountability for crimes against humanity. The ICC was never intended to be the sole body responsible for seeking judicial remedies for mass atrocities, nor does it have the capacity to investigate every situation or bring every perpetrator to trial. The Draft Articles complement the ICC by strengthening and empowering domestic jurisdictions to prosecute crimes against humanity. Since the ICC can only act when a state is unwilling or unable to prosecute, the strengthening of national jurisdictional capacity to act is an important complement to the work of the ICC. It is also important to note that the ICC can only address one side of the accountability picture — individual criminal responsibility — leaving state responsibility for crimes against humanity aside. The Draft Articles account for this by explicitly detailing not only individual states’ obligations to prevent and punish crimes against humanity, but also providing for state-to-state dispute resolution at the ICJ. Without a treaty, states do not have recourse to the ICJ for crimes against humanity. 5. What is the status of the draft treaty? Is this the final text of the treaty? States have yet to negotiate the substance of the Draft Articles. After the ILC adopted the Draft Articles in 2019, the UNGA took note of them and sent them to the Sixth Committee, the UNGA body where legal questions are considered. For three years, the Sixth Committee had the ILC draft “under consideration.” In November 2022, the Sixth Committee finally passed a resolution to begin deliberation of the substance of the text, with a view towards discussing the ILC’s recommendation that a treaty be negotiated on the basis of the draft articles.  The resolution established a two-year timeline for states to “exchange substantive views” on “all aspects of the draft articles,” in two resumed sessions. The Sixth Committee met for the first  “resumed session” on April 10-14, 2023, and will meet for the second resumed session on April 1-5 and 11, 2024. As specified in the programme of work, the plenary meetings are livestreamed and open to the public, and states consider the Draft Articles in thematic groupings. At the end of the first resumed session, the Sixth Committee Bureau’s Co-Facilitators produced an oral report summarizing the session. States will have the opportunity to submit written comments on the Draft Articles by December 1, 2023, which will help to inform the structure and substance of the April 2024 resumed session. The Sixth Committee will also hold a general debate on the Draft Articles per its normal practice during the United Nations General Assembly in fall 2023 and 2024, with a view to potential action to move the Draft Articles forward in 2024. 6. How long will this take? As elaborated above, beginning from November 2022 when the Sixth Committee passed the resolution to begin deliberation of the substance of the text, and ending in fall 2024 when the Sixth Committee meets during the 78th session of the UNGA to take a decision on next steps for the Draft Articles, the current phase of the process will take just under two years in total. In fall 2024, it is hoped that the Sixth Committee will follow the ILC’s recommendation to either “elaborat[e]…a convention by the General Assembly or by an international conference of plenipotentiaries on the basis of the draft articles.” At the resumed session in April 2023, the UN Secretariat gave a briefing on this recommendation. 7. How can civil society engage in the process? As the Sixth Committee considers the substance of the treaty, now is an important time for civil society to engage. Civil society can encourage and support states to meaningfully participate in the resumed sessions and demonstrate their commitment to the advancement of the Draft Articles, and provide suggestions and options to states to strengthen the ILC’s draft. As the final treaty will be the product of state negotiations, it is important that states hear from civil society both on what should be protected in the current draft text, as well as what can be improved. These considerations may reflect a range of perspectives and expertise, including how to ensure that the treaty is gender-competent, survivor-centered, and intersectional. Such input has already helped to shape the draft articles; for example, civil society engagement during the ILC process was vital to removing from the text a regressive definition of gender that was carried over from the Rome Statute. Other civil society proposals to strengthen the draft include bolstering victims’ rights, and adjusting the definitions of crimes such as forced pregnancy, persecution, and enforced disappearances. 

At the end of June, the UN General Assembly will be called to vote on a resolution to establish an independent institution to clarify the fate and whereabouts of missing people in the Syrian Arab Republic, a milestone in the international community’s response to the Syrian conflict. Since 2011, more than 100,000 individuals have gone missing or been forcibly disappeared by Syrian authorities and other parties to the conflict, including armed groups such as ISIL. In 2021, Syrian families and survivors called for the creation of a new independent, humanitarian institution that will focus on victims’ inalienable right to know the truth about their loved ones. The call to establish such a new institution is supported by the UN Secretary-General, the UN High Commissioner for Human Rights, the Working Group on Enforced Disappearances, and the International Committee of the Red Cross. The independent institution will be the first-ever response to the Syrian conflict to be entirely imagined and developed by Syrian victims and survivors of enforced disappearance and families of missing persons. The efforts made by Syrian families need the broadest and strongest support possible. We, therefore, call on UN member states to support the families’ right to truth by voting in favor of the resolution. Voting for the resolution will constitute a major step towards bringing long-awaited answers to thousands of families who have been suffering loss and uncertainty. Progress on this issue is fundamental to families, communities and society as a whole. The international community must extend a hand of practical support and assistance to families and victims in need. The people of Syria deserve no less.