A medida que Estados Unidos (“EE. UU.”) se acerca a su cuarto Examen Periódico Universal (“EPU”), la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas se han deteriorado significativamente en todo el país, en particular en lo que respecta al aborto y la atención médica relacionada. Tras la decisión de la Corte Suprema de 4, Dobbs v. Jackson Women's Health Organization,2022 un número creciente de estados ha implementado prohibiciones totales o restricciones agresivas al aborto, lo que ha dejado a millones de personas sin acceso a la atención médica. Muchas personas que buscan atención médica, especialmente en el sur, ahora se ven obligadas a viajar distancias (más largas), buscar medicamentos a través de medios formales e informales adicionales o continuar embarazos contra su voluntad. Simultáneamente, los estados son cada vez más hostiles y criminalizan a quienes buscan y prestan servicios de aborto, a terceros que ayudan a las personas a acceder a la atención médica y/o a las circunstancias que rodean el embarazo, con leyes que imponen severas sanciones que incluyen multas, enjuiciamiento y prisión.

Las violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos caracterizaron los dos brutales conflictos armados de Liberia, que tuvieron lugar entre 1989 y 2003. Hombres, mujeres y niños liberianos fueron asesinados a tiros en sus hogares, mercados y lugares de culto. En algunos casos, cientos de civiles fueron masacrados en cuestión de horas. Niñas y mujeres fueron sometidas a una terrible violencia sexual³, que incluyó violaciones en grupo, esclavitud sexual y tortura. Niños y niñas fueron secuestrados de sus hogares y escuelas y obligados a prestar servicio militar, a menudo tras presenciar el asesinato de sus padres. La violencia destrozó la vida de decenas de miles de civiles y desplazó a casi la mitad de la población.

၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၃) ရက်တွင်၊ Excmo. María Romilda Servini de Cubría ဂျန်နိုဆိုက်နှင့် ပြင်းထန်သောလူသတ်မှု၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုစသည့် ပြစ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည့် စစ်တပ်နှင့် အရပ်သား အရာရှိ (၂၅) ဦးကို ဖမ်းဝရမ်းများ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ(၂၅)ဦးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ် ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဤသည်မှာ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သော ရာဇဝတ်မှုများအတွက် ယူနီဗာဆယ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် (jurisdicción universal) အရ တရားစွဲဆိုသည့် အမှုတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အများပြည်သူသိရှိရန် ဖမ်းဝရမ်းများ ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တရားမျှတမှုရှာဖွေရာတွင် ကြီးမားသော ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဤအမှုသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဗြိတိန်ရှိ မြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်း (Organización Rohingya Birmana del Reino Unido, BROUK) က အာဂျင်တီးနားတွင် တင်သွင်းခဲ့သော စွဲချက်မှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ BROUK က ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ဂျန်နိုဆိုက်နှင့် လူသတ်မှု၊ အတင်းအဓမ္မ ပျောက်ဆုံးစေမှု၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထောင်ချခံရမှုများ အပါအဝင် လူသားမျိုး နွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့သည် (ဤအမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ယခင်မေးခွန်းနှင့်အဖြေကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်)။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ရိုဟင်ဂျာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် တရားမျှတမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု ရရှိရန် ဤကြိုးပမ်းမှုမှာ ရိုဟင်ဂျာအသိုင်းအဝိုင်းကိုယ်တိုင်မှ ဦးဆောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အထူးအရေးပါသည်။

El 13 de febrero de 2025, una jueza argentina, la Honorable María Romilda Servini de Cubria, emitió órdenes de arresto contra 25 funcionarios militares y civiles de Myanmar, entre ellos el Comandante en Jefe Min Aung Hlaing y el Comandante en Jefe Adjunto Soe Win, por presuntamente haber cometido genocidio y crímenes que incluyen asesinato con agravantes, abuso sexual y tortura contra los rohingya. Esta es la primera vez que se emiten órdenes públicas en un caso de jurisdicción universal que juzga crímenes contra los rohingya, lo que representa un paso significativo hacia la justicia. El caso se deriva de una denuncia presentada en noviembre de 2019 en Argentina por la Organización Birmana Rohingya del Reino Unido (BROUK) en la que se denuncia el genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos contra los rohingya desde 2012, incluidos asesinato, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y encarcelamiento (una sesión de preguntas y respuestas anterior sobre el caso se encuentra aquí). Este esfuerzo por brindar justicia y rendición de cuentas a los sobrevivientes y las comunidades rohingya se destaca por haber sido impulsado y dirigido enteramente por la propia comunidad rohingya.

Alrededor de 80 países permiten expresamente a los proveedores de servicios de salud negarse a proporcionar servicios de aborto por motivos de conciencia, religión o creencias. Esta práctica se conoce como "objeción de conciencia". La objeción de conciencia a menudo no está regulada o está insuficientemente regulada, lo que puede crear una barrera importante para la atención. Los regímenes regulatorios inadecuados violan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, ponen en peligro la salud y el bienestar de las personas que buscan atención, sobrecargan a los proveedores y sistemas de atención médica y refuerzan estereotipos nocivos que estigmatizan a las pacientes y profesionales que brindan servicios de aborto. Debido a que la objeción de conciencia se ha convertido en una barrera importante para la atención del aborto, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas (WGDAWG) ha publicado nuevas directrices sobre la obligación de los gobiernos que permiten la objeción de conciencia de garantizar que no cree barreras para la realización de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas.

Los trabajadores de la salud y de la asistencia desempeñan un papel esencial en la realización del derecho humano a la salud para todas las personas en todo el mundo. De hecho, el derecho al “más alto nivel posible de salud física y mental”, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no tendría sentido sin los trabajadores de la salud y de la asistencia. Como señaló el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, estas personas son “protectores clave del derecho a la salud” y deberían ser protegidas como defensores de los derechos humanos. El Centro de Justicia Global (GJC) presenta la siguiente información para su consideración mientras la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud prepara su informe al Consejo de Derechos Humanos, en su 59.° período de sesiones, centrándose en “los trabajadores de la salud y de la asistencia como protectores clave del derecho a la salud”. El GJC aplaude a la Relatora Especial por identificar los derechos humanos de los trabajadores de la salud y su capacidad para proteger los derechos de los demás como prioridades estratégicas.

La “Ley de Defensa de la Vida” de Idaho (“Ley” o “Ley de Idaho”), una prohibición casi total del aborto, restringe el acceso a la atención sanitaria reproductiva de emergencia necesaria, lo que exacerba la mortalidad y morbilidad maternas evitables y afecta negativamente a las mujeres embarazadas. La excepción limitada de la ley para la atención vital no evitará ni mitigará estos daños y dejará a las pacientes sin acceso a la atención sanitaria reproductiva de emergencia. Estados Unidos ha ratificado varios tratados de derechos humanos que le exigen garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y legales, en particular en emergencias o crisis médicas agudas regidas por la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (“EMTALA”). En virtud de estos tratados, Estados Unidos está obligado a respetar, proteger y cumplir los derechos a la vida; a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes; a no ser discriminado; y a la privacidad. La draconiana ley de aborto de Idaho no respeta estos derechos y viola las obligaciones de Estados Unidos en virtud de los tratados. Esta violación de las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de tratados es un argumento a favor de confirmar la orden preliminar emitida por el Tribunal de Distrito. Hacer que los Estados Unidos violen sus obligaciones internacionales resultará en un daño irreparable y no es de interés público.